Nueva reforma de la ley concursal.

El pasado 26 de septiembre, entraba en vigor la reforma de la ley concursal que supone un cambio de paradigma radical en el tratamiento de la insolvencia autónomos y PYMES, que hace imprescindible una gran labor de divulgación con los afectados por la misma, dadas las grandes consecuencias y responsabilidades que se agravan desde este momento.

En primer lugar, se establecen nuevos tipos de valoración de la insolvencia como son la probabilidad de insolvencia, la insolvencia inminente o la insolvencia actual, según el estadio en que se encuentre el deudor y que en consecuencia, según la situación concreta del empresario, este deberá adoptar unas medias u otras. Por otro lado, además de retornar la jurisdicción a los juzgados de lo mercantil, de donde nunca debió salir, se establece un nuevo tipo de proceso concursal especialmente simplificado para PYMES regulado en el libro tercero y que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2023. Así, las empresas o autónomos que tengan menos de diez trabajadores, un negocio anual inferior a 70.000€ o un pasivo inferior a 350.000€, no podrán acudir al proceso concursal ordinario, y tendrán que acudir a este procedimiento especial para microempresas , basado en un sistema de formularios on-line que deberá presentar el deudor, quien además deberá impulsar todo el proceso de manera telemática y en situaciones especiales podría tener incidentes concursales por ZOOM.

Por otra parte, en relación con la segunda oportunidad del deudor de buena fe que necesita cancelar sus deudas y emprender una nueva vida, el sistema cambia radicalmente y ofrece nuevas soluciones y alternativas, así, hay una vía por la que no es necesario liquidar su vivienda habitual y los elementos necesarios para desarrollar su actividad. Además hay un nuevo sistema para la condonación de deudas con hacienda y seguridad social, pero no obstante, hay nuevo tratamiento de la responsabilidad del deudor a efecto de la exoneración de sus deudas, no puede haber tenido sanciones graves por parte de la administración pública.

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